
Más de 120.000 periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines en Colombia quedaron cobijados por un nuevo decreto que establece un marco de protección laboral, seguridad social y prevención de riesgos para quienes ejercen labores informativas en el país. La medida busca responder a problemas históricos de informalidad, contratación inestable y falta de cobertura en salud, pensión y riesgos laborales.
La reglamentación, expedida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo, fija lineamientos para mejorar las condiciones de quienes trabajan en medios tradicionales, digitales, comunitarios e independientes, sectores donde buena parte de los profesionales desarrolla su actividad bajo esquemas laborales irregulares.
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Entre los cambios se incluyen disposiciones relacionadas con la contratación, la jornada laboral y la afiliación al sistema de seguridad social. El decreto también contempla mecanismos para promover la formalización del empleo y facilitar el acceso a la protección social tanto para trabajadores dependientes como independientes.
La decisión llega en un contexto en el que el ejercicio periodístico enfrenta retos adicionales por el aumento de riesgos asociados a la profesión. Además de las amenazas físicas, las agresiones digitales y las afectaciones a la salud mental se han convertido en factores que impactan el trabajo cotidiano de quienes cubren información de interés público.
Más medidas para enfrentar los riesgos del ejercicio periodístico
Uno de los componentes centrales del decreto está relacionado con la seguridad y la prevención. La nueva normativa incorpora protocolos frente a situaciones de alto riesgo, violencia física y digital, acoso laboral, acoso sexual y riesgos psicosociales derivados del ejercicio de la profesión.
El documento también fortalece la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, incorpora incentivos para aumentar la formalización del sector y contempla mecanismos de apoyo para los aportes pensionales y la protección económica durante la vejez.
Otro de los puntos destacados es la inclusión de medidas dirigidas a periodistas comunitarios, regionales e independientes, quienes históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a esquemas de protección laboral y cobertura en seguridad social.
La reglamentación también refuerza las labores de inspección y vigilancia para combatir prácticas como la tercerización e intermediación laboral ilegal, una situación que ha sido señalada durante años por organizaciones del sector.
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De acuerdo con cifras citadas por el Gobierno, en Colombia ejercen más de 120.000 personas vinculadas al periodismo y la comunicación social. Asimismo, durante la última década decenas de miles de nuevos profesionales ingresaron al mercado laboral, reflejando el crecimiento de una actividad que hoy se desarrolla tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.
Con la entrada en vigencia del decreto, el Ejecutivo busca establecer un marco que fortalezca las garantías laborales y la protección social para quienes cumplen la tarea de informar, al tiempo que promueve condiciones de trabajo más estables para uno de los sectores considerados fundamentales para el acceso de la ciudadanía a la información.
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