
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 de 2026, con el que elimina la prima especial de servicio que durante más de una década recibieron los congresistas de la República. La medida deroga el Decreto 2170 de 2013 y marca un giro en el régimen salarial del Congreso, en medio de un debate histórico sobre los altos ingresos de los legisladores frente a la realidad económica del país.
La decisión comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2026, cuando se posesione el nuevo Congreso. Desde ese momento, senadores y representantes dejarán de recibir una prima mensual que, en la práctica, elevaba de forma significativa su remuneración total.
¿En qué consistía la prima y por qué se elimina?
La prima especial de servicio fue creada en 2013 como un reconocimiento adicional al salario básico de los congresistas. Aunque formalmente no se presentaba como salario, sí tenía efectos directos sobre el ingreso mensual, ampliando la brecha entre los legisladores y el promedio de los trabajadores colombianos.
El nuevo decreto sostiene que esa asignación se volvió desproporcionada frente a los ingresos de la población y a los objetivos de austeridad del Estado. Además, señala que mantenerla dificultaba el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y enviaba un mensaje contrario a la contención del gasto público.
¿La eliminación es definitiva?
Sí. Al derogar el Decreto 2170 de 2013, la prima deja de existir en el marco normativo. No se trata de una suspensión temporal ni de una reducción parcial, sino de la eliminación total de este beneficio, que no podrá seguir pagándose bajo la figura que lo amparaba legalmente.
Sin embargo, el decreto no modifica el salario base del Congreso, que sigue atado al régimen constitucional de reajuste anual. Por eso, el impacto se concentra exclusivamente en la desaparición de este ingreso adicional.

Impacto económico y ahorro para el Estado
De acuerdo con estimaciones oficiales, la eliminación de la prima representa una reducción de entre 12 y 16 millones de pesos mensuales por congresista. En conjunto, el ahorro para el Estado sería inferior a los 4.500 millones de pesos al mes.
Aunque la cifra es modesta frente al presupuesto nacional, el Gobierno ha insistido en que la medida debe leerse como parte de una estrategia más amplia de reducción de los costos de funcionamiento del Estado, y no solo como un ajuste contable.
El peso político y simbólico del decreto
El decreto adquiere especial relevancia porque el Congreso había hundido, en los últimos años, más de 20 proyectos de ley que buscaban reducir el salario de los propios legisladores. En ese contexto, la decisión del Ejecutivo rompe un bloqueo político que se mantuvo por más de una década.
La eliminación de la prima también llega semanas después del aumento del salario mínimo en un 23 %, lo que refuerza el mensaje de alineación entre las políticas salariales del Estado y el discurso de equidad social del Gobierno.
Más allá del ahorro fiscal, la medida reabre el debate sobre los privilegios en la política, el uso de los recursos públicos y la legitimidad de las instituciones en un país marcado por la desigualdad.



