Pico y placa para vehículos matriculados fuera de Bogotá: ¿por qué y para qué?
Juan Carlos Vallejo 
La decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de imponer pico y placa los sábados, a partir del segundo semestre de 2026, para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, desató una tormenta política entre la capital y los municipios de Cundinamarca. La medida, presentada como un mecanismo para controlar la congestión y frenar la evasión del impuesto vehicular, rápidamente escaló a un enfrentamiento regional con impactos tributarios, económicos y de gobernanza.
El trasfondo de la decisisón es una competencia entre Bogotá y los municipios aledaños por las matrículas y el recaudo de impuestos vehiculares, que desde hace años ha generado tensiones pero que ahora llega a su punto más alto.
Los descuentos que cambiaron el mapa de las matrículas
El origen inmediato de la disputa es la Ordenanza 002 de 2024 de la Gobernación de Cundinamarca, que ofreció descuentos del 50% en el primer año y del 20% en el segundo año para quienes matricularan su carro en el departamento, pero por fuera de Bogotá.
El incentivo surtió efecto rápidamente:
- Hoy, tres de cada diez vehículos que circulan en Bogotá están matriculados en otro municipio.
- Y, según nuevas cifras del sector, más del 60% de los carros vendidos en Bogotá se matriculan fuera de la ciudad.
Para los municipios, esto significa un aumento sustancial del recaudo; para Bogotá, una pérdida millonaria y un incremento en la presión vial sin la compensación fiscal correspondiente.
La respuesta de Bogotá: restricciones para los sábados
Ante ese fenómeno, la administración Galán anunció el pico y placa los sábados exclusivamente para vehículos cuya placa esté registrada fuera de la capital. Según la Secretaría de Movilidad, la medida busca equilibrar el sistema tributario y “evitar que Bogotá cargue con los costos de movilidad generados por carros que no aportan fiscalmente a la ciudad”.
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El anuncio provocó un rechazo inmediato de los alcaldes de la sabana, quienes consideran que la decisión rompe con cualquier intento de articulación regional. Varios mandatarios locales pidieron reversar la medida y advirtieron que la relación con Bogotá queda “seriamente afectada”.
Los alcaldes de la región responden: reclamos y advertencias
El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, calificó la medida como “una ruptura con la región” y pidió coherencia en el discurso del Distrito frente a la construcción de políticas conjuntas. Considera que Bogotá no puede exigir colaboración regional mientras toma decisiones unilaterales que afectan a miles de habitantes de municipios vecinos.
A su vez, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, expresó que la decisión tomó por sorpresa al territorio y que las medidas deberían ser socializadas antes de implementarse. Además, no descarta que los municipios respondan con restricciones similares para los carros matriculados en Bogotá, lo que generaría una guerra de bloqueos sin precedentes.
¿Descuentos, restricción o igualdad tarifaria?
En el Concejo de Bogotá, la preocupación llevó a una propuesta adicional: demandar la ordenanza de Cundinamarca para eliminar los descuentos y forzar que todos los municipios cobren tarifas similares. La idea apunta a romper el incentivo económico que tiene hoy matricular fuera de la capital.
Los concejales argumentan que si todos los municipios aplicaran tarifas parejas, los ciudadanos no tendrían razones tributarias para registrar sus vehículos en otra jurisdicción y luego circular diariamente en Bogotá, generando congestión sin aportar al mantenimiento vial.
El riesgo de una guerra de restricciones
Expertos en movilidad advierten que Bogotá y Cundinamarca podrían entrar en una escalada de retaliaciones:
- Bogotá restringe carros de afuera los sábados.
- Los municipios podrían restringir carros bogotanos en sus territorios.
- Y así sucesivamente, afectando la movilidad intermunicipal y a los más de 400.000 ciudadanos que viven en un municipio pero trabajan en la capital.
Detrás de la discusión, también hay un vacío normativo: la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, creada en la Constitución y reglamentada en 2022, buscaba precisamente evitar decisiones unilaterales. La ley asigna a la Agencia Regional de Movilidad la facultad de coordinar medidas como esta, pero su implementación ha sido lenta y los alcaldes han seguido actuando de manera independiente.
Aunque la medida empieza a regir en 2026, el debate ya está en su punto más alto. Los alcaldes insisten en que Bogotá debe reconsiderar y abrir espacios de diálogo. Bogotá asegura que las cifras de congestionamiento y evasión fiscal justifican la decisión. Y los ciudadanos —de la capital y de los municipios vecinos— son quienes terminarán en el medio de esta batalla tributaria y administrativa.
La pregunta ahora es si la región seguirá profundizando esta guerra de restricciones o si finalmente se pondrá en marcha el modelo de coordinación metropolitana que, en teoría, ya existe en la ley.
Foto: :Arturo Rosenow
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Redacción Teleprónter 
