Matheo José Dager De La Hoz 
Con la instalación de un nuevo periodo legislativo volvió una escena conocida: el balance inicial del Congreso se midió por el número de proyectos de ley radicados y las reformas anunciadas. Como si la eficacia del Legislativo dependiera exclusivamente de cuántas normas produce. Pero esa forma de evaluar su trabajo parte de una idea equivocada. El Congreso no fue concebido por la Constitución para ser únicamente una fábrica de leyes.
En Colombia existe la costumbre de creer que cada problema requiere una nueva norma. Si aumenta la inseguridad, se anuncia un proyecto de ley. Si estalla un escándalo de corrupción, se promete otra iniciativa. Si surge una crisis ambiental o social, la respuesta inmediata suele ser presentar una reforma legislativa. Mientras tanto, pocas veces nos preguntamos si las leyes existentes se están cumpliendo o si las instituciones encargadas de aplicarlas están funcionando.
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La Constitución asigna al Congreso responsabilidades mucho más amplias. Además de legislar, debe ejercer control político sobre el Gobierno, representar a los ciudadanos, aprobar el presupuesto nacional, autorizar determinadas actuaciones del Estado y participar en decisiones de especial relevancia constitucional. Sin embargo, estas funciones suelen quedar relegadas frente a la obsesión por contar proyectos radicados y leyes aprobadas.
El resultado ha sido una creciente inflación normativa. Colombia cuenta con un ordenamiento jurídico cada vez más extenso, pero ello no siempre se traduce en mejores soluciones. En muchos casos, el problema no es la falta de regulación, sino la dificultad para ejecutar eficazmente las normas que ya existen. Una ley sin implementación termina siendo poco más que una promesa escrita.
Por eso, una de las funciones más valiosas del Congreso es precisamente la que recibe menos atención: el control político. Un debate serio sobre la ejecución de un programa gubernamental, el seguimiento a la inversión de los recursos públicos o la evaluación del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo puede tener un impacto mucho mayor que la expedición de una nueva ley. Vigilar el ejercicio del poder también fortalece la democracia.
Lo mismo ocurre con la representación política. Los congresistas no solo están llamados a votar proyectos; también deben escuchar a los ciudadanos, llevar las preocupaciones de los territorios al debate nacional y construir acuerdos frente a los principales desafíos del país. Esa labor difícilmente puede medirse por estadísticas legislativas.
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Nada de esto significa que el Congreso deba legislar menos. Significa que debe legislar mejor. Las reformas son necesarias cuando responden a problemas reales, se apoyan en evidencia y contemplan mecanismos efectivos de implementación y evaluación. La calidad de una ley no depende de su extensión ni del impacto mediático que genere, sino de su capacidad para producir cambios concretos.
También corresponde a la ciudadanía cambiar la forma en que evalúa a sus representantes. Con frecuencia se celebra el número de proyectos presentados sin revisar cuántos prosperaron, cuál fue su impacto o qué tan activa fue la labor de control político de quienes los promovieron. Un congresista no trabaja únicamente cuando radica una iniciativa; también lo hace cuando fiscaliza al Gobierno, participa en los debates y representa con responsabilidad los intereses de la sociedad.
En una democracia constitucional, el Congreso no está llamado a gobernar, pero tampoco puede limitarse a legislar. Su verdadera función consiste en equilibrar el poder, ejercer control, representar a la ciudadanía y producir normas que respondan a las necesidades del país. Tal vez, entonces, la pregunta que deberíamos hacernos al comenzar cada legislatura no sea cuántas leyes aprobará el Congreso, sino qué tan bien cumplirá todas las funciones que la Constitución le confió.
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Redacción Teleprónter 
1 comentario en «¿Está gobernando el Congreso o simplemente legislando?»