
La reciente autorización de la SIC para que Tigo-UNE y Movistar unan operaciones encendió una alerta en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Aunque el aval llegó con varios requisitos, el regulador cree que la movida puede mover demasiado las piezas del sector y dejar a los usuarios en una posición más vulnerable si no se controla con lupa.
La principal inquietud de la CRC es que los condicionamientos de la SIC no serán permanentes. Apenas la Comisión publique la regulación correspondiente, esos límites desaparecen. En la práctica, esto deja a la CRC como el ente encargado de equilibrar un mercado que ya venía tensionado por la concentración y la falta de alternativas reales para usuarios y operadores más pequeños.
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Uno de los puntos más delicados está en el mercado mayorista móvil, donde las reglas para acceder a redes son críticas. Hoy ese mercado es estrecho, y muchos operadores —sobre todo los OMV— dependen del Roaming Automático Nacional para poder operar. Si dos gigantes se integran, el margen de negociación se reduce, la competencia se aprieta y las condiciones técnicas podrían volverse más difíciles para quienes intentan mantenerse a flote.
La CRC también ve con preocupación lo que puede pasar en el mercado minorista. Cuando hay menos jugadores grandes, aumenta la posibilidad de comportamientos coordinados: ofertas demasiado parecidas, menos presión por innovar y tarifas que podrían empezar a subir. Esto impacta directamente la calidad del servicio y el bolsillo de los usuarios.
En el caso del internet fijo, la alerta es aún mayor. En varias ciudades, la unión podría crear un operador con un peso dominante en zonas donde ya es difícil competir. Si un solo actor controla buena parte de la infraestructura clave, la competencia prácticamente desaparece y con ella la posibilidad de mejorar precios, calidad o cobertura. Para miles de hogares, esto se traduce en pocas opciones y servicios que no necesariamente evolucionan.
Frente a este panorama, la CRC trabaja en tres frentes que serán decisivos.
El primero es la revisión de las tarifas mayoristas móviles, con el fin de garantizar que los OMV tengan un acceso justo a las redes y no queden a merced de condiciones impuestas por operadores más grandes. Este documento aparecerá a finales de 2025 y será clave para el futuro de la competencia móvil.
El segundo frente está enfocado en los usuarios. La Comisión quiere reforzar protecciones esenciales como la libre elección, la transparencia en las ofertas y la claridad de los contratos. En mercados más concentrados es común que las empresas cierren el juego: contratos difíciles de terminar, promociones poco claras y condiciones que confunden al consumidor. Estas nuevas reglas también llegarán hacia el final de 2025.
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El tercer elemento es la regulación para la conectividad local, especialmente el acceso a la fibra óptica. Esta infraestructura es hoy la base del internet fijo y la CRC quiere asegurarse de que no quede en manos de unos pocos. Su propuesta verá la luz en el primer trimestre de 2026 y busca evitar que la integración bloquee la entrada de nuevos actores o frene la expansión de redes en ciudades intermedias y municipios.
Para la CRC, esta integración no es un trámite ni una operación más del sector: es un movimiento que puede cambiar el mapa de las telecomunicaciones en Colombia. Por eso anunció que hará seguimiento constante a cada efecto que genere la unión y que no dudará en ajustar la regulación cuando sea necesario.



