
Colombia atraviesa uno de los debates sociopolíticos más tensos de los últimos años: el alcance de las políticas públicas sobre identidad de género en menores de edad. En medio de esta discusión, el colectivo mexicano Fundamento lanzó el documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”, una producción que, incluso antes de su estreno oficial, ya enfrenta presiones legales, acusaciones de intento de censura y un ambiente polarizado que ha puesto en riesgo a su equipo.
La pieza audiovisual se enfoca en las discusiones sobre proyectos de ley, lineamientos institucionales y prácticas clínicas relacionadas con la transición de género en niños y adolescentes. Según Fundamento, su objetivo es examinar cuáles son las implicaciones éticas, médicas y sociales de estas iniciativas, y cómo se están tomando decisiones sensibles en un terreno donde confluyen ciencia, activismo, política y derechos fundamentales.
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El documental reúne entrevistas con médicos, psicólogos, legisladores, activistas, padres de familia y líderes de opinión que expresan preocupación por una posible “flexibilización excesiva” en el reconocimiento de la identidad autopercibida y en el acceso a bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas o procedimientos médicos.
Los realizadores sostienen que buscan dar voz a quienes consideran que estas decisiones deben tomarse con evaluaciones rigurosas y protocolos más estrictos, especialmente cuando se trata de menores.
Fundamento afirma que parte de su trabajo consistió en acompañar a profesionales y ciudadanos que sienten que el debate público ha dejado poco espacio para el disenso o el cuestionamiento técnico. El documental incluye, según sus creadores, material obtenido en entrevistas abiertas y encubiertas, donde varios expertos comparten su visión sobre la atención médica para adolescentes trans y sobre cómo se están aplicando estos tratamientos en Colombia.
Sin embargo, lo que inicialmente era una producción pensada para generar discusión se convirtió rápidamente en una disputa legal. El director de Fundamento, Samuel Adrián, denunció que un médico entrevistado en la investigación, Mario Angulo, interpuso una acción de tutela que exige la eliminación completa del documental, así como de todas las imágenes, grabaciones y testimonios en los que participa. Según Adrián, el objetivo sería impedir la difusión de declaraciones que el propio médico ofreció en cámara.
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Para el director, este tipo de presiones constituye un intento de borrar evidencia y controlar la narrativa pública alrededor de la transición de género en menores. Adrián asegura además que nadie ha cuestionado la veracidad del material, sino únicamente su publicación.
Este escenario ha intensificado la tensión en torno al estreno y, de acuerdo con Fundamento, ha generado amenazas anónimas dirigidas al equipo, algo que el colectivo interpreta como una señal de que el tema toca fibras sensibles en varios frentes.
El documental, que se estrenó el 7 de diciembre, llegó envuelto en un ambiente complejo: un país dividido respecto a la autonomía de los menores, la responsabilidad del Estado, el rol de la medicina y los límites de la libertad de expresión.
La controversia, lejos de reducirse a una disputa entre un realizador y un profesional de la salud, refleja un dilema mayor: cómo discutir asuntos profundamente humanos sin caer en silenciamientos ni en simplificaciones ideológicas.
Fundamento sostiene que, precisamente por esa tensión, su trabajo busca abrir un espacio de conversación que hoy parece fragmentado. Y, aunque la recepción final dependerá del público, el debate ya está encendido incluso antes de que la primera escena llegue a la pantalla.



