
En los barrios, en las ferias locales y en los emprendimientos que apenas despegan, muchos colombianos empezaban a confiar en Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que prometía hacer más fácil vender sin efectivo. Pero el anuncio del nuevo decreto del Gobierno Petro, que busca aplicar una retención del 1,5 % a las transacciones electrónicas por ventas o servicios, cambió el ánimo de miles de pequeños comerciantes.
El proyecto del Ministerio de Hacienda pretende unificar las reglas de retención entre las tarjetas y los pagos digitales. Pero para quien vive del día a día, esa cifra representa más que un ajuste técnico. Es la diferencia entre cerrar el mes con ganancia o con pérdida. Un tendero que recibe cien mil pesos por una venta vería descontados mil quinientos. En un país donde cada peso cuenta, el impuesto no solo recorta ingresos: desanima a seguir usando los canales digitales.
Los grandes bancos y las fintechs se han apresurado a advertir los riesgos. Colombia Fintech, que agrupa más de 365 empresas del sector, expresó su “profunda preocupación” porque la medida envía un mensaje equivocado en un momento en que el país necesita exactamente lo contrario: confianza. Bre-B nació para incluir a los que estaban fuera del sistema financiero, no para hacerlos pagar por entrar.
El efecto más visible lo sentirán los pequeños comerciantes, artesanos y emprendedores digitales, que habían encontrado en las transferencias y los códigos QR una forma segura y sin costos para recibir pagos. Muchos de ellos no declaran IVA ni manejan grandes volúmenes de dinero; simplemente buscan vender legalmente, sin depender del efectivo. Con este decreto, volver al billete se vuelve una tentación inevitable.
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La paradoja es dura: el Estado promueve la digitalización, pero cobra por usarla. En lugar de premiar la formalidad, el Gobierno parece castigarla. Mientras Petro habla de inclusión y modernización, su Ministerio de Hacienda propone un cobro que puede devolver a los pequeños negocios a la sombra de la informalidad. Es una decisión que, aunque suene técnica, tiene rostro humano: el del vendedor de empanadas que recibe pagos por Nequi, el de la modista que cobra por Bre-B, o el del joven que monta su tienda en línea y ve cómo se le esfuma parte de cada venta.
¿Qué dicen los banqueros?
Economistas como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo y Javier Suárez de Davivienda coinciden en que esta medida podría desbaratar el avance logrado en pagos inmediatos. “Bre-B se construyó sobre tres principios: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. Si uno de ellos desaparece, el sistema pierde sentido”, dijo Suárez. Y tiene razón: lo que debía acercar al ciudadano al dinero digital puede terminar alejándolo otra vez hacia el efectivo.
El impacto no es solo en el bolsillo, sino también en la confianza. En Brasil, un anuncio similar sobre el sistema PIX provocó una caída del 15 % en las transacciones. El precedente está ahí: cuando la gente siente que su dinero es vigilado o castigado, deja de usar la tecnología.
Expertos tributarios también advierten que el decreto es ambiguo. No está claro cómo sabrán las plataformas si una transferencia corresponde a una venta o a un simple envío entre familiares. Esa falta de precisión puede provocar errores, cobros injustos y reclamos en cadena. “El riesgo no es solo recaudar de más, sino destruir la credibilidad de un sistema que apenas comienza”, afirma la abogada Carolina Restrepo.
El trasfondo, según varios analistas, es fiscal. Con un déficit creciente, el Gobierno Petro busca oxígeno financiero. Pero esa urgencia podría costarle caro al país. Si los usuarios y pequeños negocios se sienten castigados por vender formalmente, el resultado será el contrario al que se busca: más efectivo, menos trazabilidad y un retroceso en inclusión financiera.
Bre-B nació para modernizar la forma en que se mueve el dinero en Colombia. Si el decreto se aprueba como está, el mensaje que quedará será otro: que digitalizarse tiene un precio. Y ese precio lo pagarán, una vez más, los que menos tienen.




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