
El salario mínimo de 2026 entró en una etapa de incertidumbre jurídica. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el presidente Gustavo Petro fijó un incremento del 23,7%, y ordenó expedir en un plazo de ocho días un nuevo acto administrativo de carácter transitorio mientras se estudia la legalidad de la medida.
La decisión no elimina de manera definitiva el aumento, pero sí exige que el nuevo decreto cumpla estrictamente con los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996 y en la Constitución. En el centro del debate está la metodología usada para definir el porcentaje.
El origen del aumento
El Gobierno presentó el ajuste como parte de su política de “salario vital”, con el argumento de fortalecer el poder adquisitivo y dinamizar la economía interna. Con el incremento del 23,7%, el salario base pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026. Sumado el auxilio de transporte, el ingreso mensual alcanzó los $2 millones.
Se trata de uno de los aumentos más altos en décadas. Desde la Casa de Nariño se ha defendido que el decreto incorporó variables económicas y que la Constitución permite al Ejecutivo fijar el aumento cuando no hay acuerdo en la mesa tripartita de concertación.
¿Qué está pidiendo el Consejo de Estado?
El alto tribunal no cuestiona la facultad del Gobierno para decretar el salario mínimo. Lo que exige es que el porcentaje esté sustentado en los criterios técnicos que ordena la ley.
El principal parámetro es la inflación causada durante 2025, medida por el Índice de Precios al Consumidor. A ese dato debe sumarse la productividad laboral certificada oficialmente. También deben considerarse la meta de inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Bajo la fórmula tradicional —inflación más productividad— el aumento se ubicaría alrededor del 6% o 7%. Si se toma como referencia una inflación cercana al 5,3% y una productividad de 0,9%, el incremento sería de 6,21%.
¿Cuánto cambiaría el salario?
Con un aumento del 6,21%, el salario base subiría aproximadamente $88.401, pasando de $1.423.500 a cerca de $1.511.901. Esto representa una diferencia mensual de más de $239.000 frente al monto decretado inicialmente.
La brecha es significativa porque impacta no solo el ingreso directo de los trabajadores formales, sino también prestaciones, aportes a seguridad social y múltiples tarifas indexadas al salario mínimo.
El debate de fondo
Para el Gobierno, el salario vital busca proteger la demanda interna y evitar que el ingreso real pierda capacidad de compra. Desde el Ejecutivo se ha anunciado que se convocará de inmediato una reunión de concertación y que el nuevo decreto transitorio respetará la Constitución.
Del lado judicial, el énfasis está en la seguridad jurídica y en el cumplimiento estricto de los criterios legales. La discusión no es menor: define el alcance de la facultad presidencial y el equilibrio entre política social y disciplina macroeconómica.
Mientras el Consejo de Estado estudia el caso de fondo, el país enfrenta dos posibles rutas: mantener el aumento cercano al 23% o ajustarlo a un rango técnico de 6%–7%. La decisión final marcará el rumbo del salario mínimo en 2026 y sentará un precedente sobre cómo deben calcularse los incrementos en los próximos años.
Imagen :Andrzej Rostek



