
El Gobierno del presidente Gustavo Petro asegura haber reducido en cinco puntos porcentuales la brecha digital entre el campo y la ciudad, tras conectar por primera vez a 1,7 millones de hogares y sumar 4,9 millones de personas rurales al servicio de internet.
Más allá del anuncio, la discusión clave es qué significan esos números en términos de transformación social y si el avance es sostenible.
Del rezago histórico al crecimiento acelerado
Según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cobertura nacional pasó de 59,5 % a 65,6 % entre 2023 y 2025. En zonas rurales el salto fue mayor: de 32,2 % a 41,9 %.
En términos prácticos, esto implica que cerca de cuatro de cada diez habitantes del campo hoy tienen acceso a internet, cuando hace tres años apenas lo hacía uno de cada tres. La brecha urbano-rural sigue siendo amplia, pero la distancia se acortó.
El Gobierno sostiene que es la primera vez que esa desigualdad baja cinco puntos en un periodo tan corto. El argumento oficial se apoya en una inversión acumulada de 2,8 billones de pesos, la más alta registrada para el sector en un mismo tramo de gobierno.
Infraestructura como eje de la estrategia
El plan no se limitó a subsidios. Incluyó el despliegue de 2.462 estaciones base 5G en 148 municipios y la expansión de 4.800 kilómetros adicionales de fibra óptica, para alcanzar 23.900 kilómetros a nivel nacional.
También se habilitó la banda de 900 MHz, clave para cubrir territorios montañosos y viviendas dispersas con menos antenas. Esta decisión técnica resulta determinante en regiones como el Pacífico o la Amazonía, donde la geografía ha sido históricamente un obstáculo.
Desde el Ministerio se destaca además la instalación de 337 Juntas de Internet en territorios apartados, con más de 17.000 hogares beneficiados, y la puesta en marcha de 1.262 Zonas Comunitarias para la Paz con acceso gratuito.
Educación y equidad territorial
Uno de los indicadores más sensibles es la conexión de casi 19.500 sedes educativas rurales, cinco veces más que en 2022. La cifra impacta a 1,3 millones de estudiantes, en especial en municipios PDET.
Para las comunidades rurales, la conectividad no solo representa entretenimiento o redes sociales. Significa acceso a educación virtual, trámites en línea, banca digital y oportunidades productivas.
¿Cambio estructural o avance parcial?
El crecimiento porcentual es verificable a partir de las cifras oficiales. Sin embargo, el desafío no termina en la cobertura. Persisten interrogantes sobre calidad del servicio, velocidad real, continuidad del soporte técnico y capacidad de pago de los hogares cuando finalicen subsidios.
Reducir la brecha en cinco puntos no elimina décadas de atraso, pero sí modifica la tendencia. El impacto será medible en el mediano plazo: mayor permanencia escolar, más emprendimientos digitales y mejor acceso a información pública.
Para un país con profundas desigualdades territoriales, el acceso a internet dejó de ser un lujo y se consolidó como un servicio esencial. El debate ahora no es si hubo expansión, sino si esta política podrá sostenerse y convertirse en una base permanente de inclusión digital.



