
En Colombia, más de medio millón de mujeres ejercen actividades sexuales pagas en distintas modalidades, desde el modelaje webcam hasta la creación de contenido para plataformas como OnlyFans. Así lo explica la activista y ex actriz porno Amaranta Hank, quien insiste en que la falta de regulación facilita la vulnerabilidad, pese a la generación de miles de millones de dólares al año para la economía del país. Desde estudiantes hasta cuidadores verían esta actividad como una alternativa.
De acuerdo con Hank, detrás de las cámaras y pantallas no hay un único perfil de mujer, sino una diversidad que refleja las brechas sociales y laborales del país. “Hay muchas jóvenes que acaban de cumplir los 18 años y ven en el trabajo sexual virtual una oportunidad rápida de independencia económica. Algunas incluso desertan de los primeros semestres de la universidad porque sienten que no necesitan estudiar para ganar dinero”, afirmó en entrevista para Caracol Radio.
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Pero no solo son jóvenes. Según la activista, un número creciente de trabajadoras sexuales virtuales son cuidadoras: mujeres que deben atender a hijos con discapacidad o padres mayores y que, ante la imposibilidad de tener un empleo formal de ocho horas, encuentran en la creación de contenido o el modelaje webcam una forma de obtener ingresos desde casa. “Es un fenómeno impresionante. Hay muchas madres solteras y mujeres que cuidan a sus familias, que se adaptan a los horarios del modelaje y logran sostener su hogar con eso”, señaló Hank.
El trabajo sexual virtual, aunque rentable, también puede implicar jornadas extenuantes. Amaranta advierte que en algunos estudios de modelaje hay mujeres conectadas durante 14 o 16 horas seguidas, con apenas dos o tres horas de descanso. Aun así, esta industria mueve alrededor de 1.500 millones de dólares anuales y posiciona a Colombia como uno de los países con mayor número de modelos y creadoras de contenido en el mundo.
“La discusión pública casi siempre se centra en los impuestos, en cuánto dinero genera el modelaje webcam, pero nadie habla de los derechos humanos ni de las condiciones laborales de esas mujeres”, denuncia Hank. Para ella, la falta de regulación y la estigmatización social son las principales causas de la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales en todas sus formas, desde el acoso digital hasta los abusos de autoridad.
El fenómeno no se limita al ámbito digital. En las calles del país también hay mujeres mayores, incluso de 70 y 75 años, que continúan ejerciendo el trabajo sexual porque no tienen pensión ni otra fuente de ingreso. “Si no salen a trabajar, no tienen para pagar un plato de comida o el arriendo del día”, relata Hank, quien acompaña casos de violencia contra trabajadoras sexuales desde hace varios años.
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La activista, hoy vinculada al movimiento progresista y aspirante a ocupar un espacio político, considera que la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Si bien reconoce los esfuerzos del Gobierno Petro al crear una dirección dentro del Ministerio de Igualdad enfocada en mujeres en actividades sexuales pagas, asegura que la implementación ha sido limitada.
Además, critica las posturas abolicionistas que buscan prohibir el trabajo sexual: “Eso es una utopía. Prohibirlo no lo elimina, solo lo empuja a la clandestinidad, donde hay más violencia y abuso. Si ya hay agresiones incluso con una orden de la Corte Constitucional que exige protegernos, imagínate si lo prohíben”.
Hank insiste en que la prioridad debe ser garantizar la vida, salud y seguridad de quienes ejercen actividades sexuales pagas, al tiempo que se ofrecen oportunidades laborales y educativas a quienes deseen abandonar la industria. “El Estado no tiene la capacidad de emplear a 500.000 mujeres ni todas quieren dejar el trabajo sexual. Lo que pedimos es dignidad y derechos, no persecución”, concluyó.




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