Incumplimiento, buena fe y decisiones automatizadas: una mirada desde el derecho civil colombiano
Matheo José Dager De La Hoz 
En muchas plataformas digitales, el cumplimiento del contrato se encomienda a sistemas que suspenden cuentas, validan pagos, restringen accesos o modifican condiciones operativas siguiendo reglas programadas por quien organiza el servicio. Cuando una de esas decisiones causa un perjuicio al usuario, suele afirmarse que no hay una persona a quien atribuir el incumplimiento y que la opacidad del sistema dificulta tanto identificar su causa como probarla.
Este texto plantea algunos interrogantes sobre esa afirmación desde el derecho civil colombiano. Interesa examinar cómo se articulan, frente a la ejecución automatizada, la fuerza obligatoria del contrato y la buena fe, el pago y el régimen de responsabilidad del deudor por incumplimiento. Por razones de extensión, se deja de lado el análisis de la protección de datos personales y de los regímenes sectoriales.
La tesis es la siguiente: la automatización no modifica la naturaleza de la responsabilidad contractual ni exige crear figuras nuevas. Cambia el lugar donde se aprecia el incumplimiento y la diligencia del deudor, que pasa de un acto individual a la organización del cumplimiento que el propio deudor escogió. Esa conclusión se apoya en reglas vigentes del Código Civil. La parte relativa a la carga de la prueba es, en cambio, una propuesta interpretativa y se presenta como tal.
Ejecución automatizada y cumplimiento: del contrato al pago
Conviene distinguir dos momentos. La celebración del contrato por medios electrónicos tiene reconocimiento legal: los mensajes de datos tienen validez jurídica y no se niega fuerza obligatoria a un contrato por haberse utilizado alguno en su formación. La automatización suele operar después, en la ejecución, sobre un contrato ya perfeccionado, por lo general mediante términos y condiciones aceptados en línea. Este texto parte de la validez de ese contrato y se ocupa únicamente de su ejecución.
En esa fase, la categoría civil central es el pago, entendido como la prestación de lo que se debe, que ha de hacerse conforme al tenor de la obligación. El contenido de la prestación lo fija el contrato, interpretado según la intención de las partes y la naturaleza del negocio. Que la prestación se ejecute con intervención humana o mediante un sistema no cambia ese parámetro. La automatización es un modo de ejecutar el contrato y no una fuente de obligaciones ni una causal de extinción.
De ahí se sigue una distinción que el análisis jurídico debe mantener: el código informático no es la obligación. Una regla programada para suspender una cuenta ante cierto patrón de actividad corresponde a una facultad del deudor solo si el contrato la autoriza, y su alcance se determina con las reglas de interpretación del contrato y no con la lógica del software.
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Si el sistema produce un resultado que el contrato no permite, ese resultado no equivale a pago de lo debido y debe calificarse como cumplimiento defectuoso o incumplimiento. Cuando la cláusula que habilita la decisión automática es ambigua y fue redactada por la plataforma, la ambigüedad se interpreta en su contra.
La buena fe en la ejecución refuerza esa lectura. El contrato obliga a lo pactado y también a lo que emana de la naturaleza de la obligación. Una interpretación posible, que corresponde al autor y no a una regla expresa, es que quien decide automatizar el cumplimiento queda obligado a diseñar y operar el sistema de modo que no frustre el interés del acreedor, por ejemplo previendo canales para corregir errores evidentes.
La noción de esfera de control, que este texto utiliza, requiere precisión. No se emplea como categoría legal, pues el Código Civil no contiene, hasta donde alcanzó esta revisión, una regla general sobre la responsabilidad del deudor por los instrumentos o personas de que se sirve para cumplir. Se emplea como síntesis descriptiva: el sistema lo escoge, lo configura y lo explota el propio deudor, y por eso su funcionamiento forma parte de la manera en que este cumple. El sistema carece de personalidad jurídica y no es parte del contrato; las consecuencias de su funcionamiento se imputan, por tanto, a quien lo utiliza para cumplir.
Incumplimiento, imputación y prueba
Establecido que existe una obligación y que no se cumplió, o que se cumplió de manera defectuosa o tardía, la responsabilidad contractual exige además daño y relación de causalidad. El Código Civil regula la indemnización de perjuicios, que comprende daño emergente y lucro cesante. En las obligaciones de hacer, el acreedor puede pedir el apremio del deudor, que se autorice la ejecución por un tercero a expensas de aquel o la indemnización de los perjuicios, y en los contratos bilaterales cuenta además con la condición resolutoria tácita.
Frente a la ejecución automatizada se plantea con frecuencia la dificultad de identificar una conducta humana a la que atribuir el incumplimiento. El régimen del Código Civil hace menos decisiva esa identificación de lo que parece. Según el artículo 1604, el deudor responde de la culpa que corresponde al tipo de contrato, y en los contratos de beneficio recíproco, como los de las plataformas que prestan servicios a cambio de un precio o una comisión, responde de la culpa leve.
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearlo, y la del caso fortuito, a quien lo alega. Demostrado el incumplimiento, corresponde entonces al deudor probar que obró con la diligencia debida o que concurrió una causa extraña. El acreedor no necesita reconstruir qué decisión concreta produjo el resultado.
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La culpa, en este escenario, puede apreciarse en la organización del cumplimiento: en el diseño, la parametrización, las pruebas, la supervisión y la corrección del sistema. Esta lectura es del autor y resulta coherente con el artículo 1604, aunque no constituye una regla expresa.
El grado de exigencia depende del contenido de la obligación. La clasificación doctrinal entre obligaciones de medio y de resultado ayuda a precisarlo. Si la plataforma se obligó a un resultado concreto, como habilitar el acceso contratado o acreditar un pago recibido, la discusión sobre su diligencia pierde peso y lo gana la existencia de una causa extraña. Si se obligó a prestar un servicio con cierta diligencia, la organización del sistema es el terreno donde esta se examina.
¿Puede el fallo del sistema configurar fuerza mayor o caso fortuito? La ley lo define como el imprevisto a que no es posible resistir. Un error de configuración, un defecto del propio software o la caída de una infraestructura que el deudor contrató y puede vigilar difícilmente reúnen la imprevisibilidad y la irresistibilidad exigidas, y además provienen de su propia organización. La conclusión puede variar frente a hechos externos, como el ataque de un tercero que superó medidas razonables de seguridad. En ese caso la discusión se desplaza hacia la causa del daño y la diligencia empleada para prevenirlo. Se trata de aplicar reglas vigentes a un escenario nuevo y no de una regla específica sobre sistemas automatizados.
En cuanto a la extensión del daño, el artículo 1616 limita la indemnización a los perjuicios previstos o que pudieron preverse al tiempo del contrato cuando no hay dolo, regla que las partes pueden modificar. Para el usuario profesional que depende de la plataforma para vender, el lucro cesante por una suspensión injustificada puede ser previsible para la plataforma; para el usuario ocasional lo será, probablemente, en menor medida. La Corte Constitucional declaró exequible el inciso primero de ese artículo.
Las partes pueden modificar estas reglas mediante estipulaciones expresas, pues la propia ley deja a salvo lo que ellas acuerden. Una cláusula que limite la responsabilidad de la plataforma por decisiones automatizadas puede ser válida en principio, pero tiene límites: no puede condonar el dolo futuro y, en las relaciones de consumo, queda sujeta al control de cláusulas abusivas.
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La opacidad del sistema se proyecta sobre todo en la prueba. El acreedor rara vez conoce las reglas que aplicó el sistema, mientras que el deudor dispone de los registros. Para este problema el ordenamiento ofrece puntos de apoyo sin necesidad de una regla nueva. El artículo 1604 ya impone al deudor la prueba de su diligencia, y el Código General del Proceso permite distribuir la carga de la prueba hacia la parte que se encuentre en mejor posición de aportarla. Los registros del sistema, como mensajes de datos, son admisibles como prueba y se valoran conforme a la sana crítica.
A partir de allí se propone, como interpretación del autor, que quien ejecuta el contrato mediante sistemas automatizados asuma una carga reforzada de explicar su funcionamiento y las causas del resultado. Esa carga no traslada al deudor la prueba del daño ni del nexo causal, que siguen a cargo del acreedor, quien podrá apoyarse en esos registros. La propuesta busca equilibrar el acceso a la información y no pretende modificar el régimen de responsabilidad.
En la revisión realizada para este texto no se identificó una decisión de las altas cortes que resuelva de manera directa la imputación del incumplimiento derivado de sistemas automatizados de una plataforma. Las reglas expuestas provienen del Código Civil y de la discusión general sobre responsabilidad contractual, y su extensión a este escenario es una analogía que debe someterse a debate.
Consideraciones finales
La ejecución automatizada puede analizarse con las categorías civiles existentes: contrato, pago, buena fe, incumplimiento, culpa y causa extraña. El sistema no es parte ni tercero, de modo que las consecuencias de su funcionamiento se imputan a quien lo utiliza para cumplir.
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Conviene distinguir lo que dice el ordenamiento de lo que propone este texto. Son reglas expresas las de los artículos 1602, 1603, 1604, 1613 a 1616, 1626 y 1627 del Código Civil. Son propuestas interpretativas la lectura de la buena fe como deber de diseñar y operar el sistema sin frustrar el interés del acreedor, la apreciación de la culpa en la organización del cumplimiento y la carga reforzada de explicación.
Quedan interrogantes abiertos: el tratamiento de las fallas de proveedores tecnológicos externos, el alcance del control de las cláusulas de exoneración en contratos entre profesionales y la evolución de la jurisprudencia. Desde el derecho civil, la pregunta sigue siendo qué prometió el deudor y cómo organizó su cumplimiento.
Acerca del autor
Redacción Teleprónter 
