
Casi la mitad de los colombianos aún no tiene conexión a internet por los altos costos del servicio. Según la última Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC 2024), el 45 % de los hogares sigue desconectado porque no puede pagar un plan móvil o de banda ancha. Esa cifra podría empeorar si el país termina con solo dos operadores dominando el mercado.
Esa es la preocupación que ronda en el ambiente mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decide si aprueba o no la fusión entre Tigo y Movistar, una operación que cambiaría para siempre el mapa de la conectividad móvil en Colombia. La entidad tiene plazo hasta el 30 de noviembre para pronunciarse, y el reloj ya empezó a correr.
La decisión no solo afectará a las empresas involucradas, sino a los más de 90 millones de líneas móviles activas en el país. Si la SIC aprueba sin condiciones la integración, dos gigantes, Claro y el nuevo conglomerado Tigo-Movistar, controlarían más del 90 % del mercado, dejando a WOM y a otros operadores en una posición marginal. El resultado sería un duopolio con capacidad de definir precios, cobertura y condiciones del servicio casi sin competencia real.
La incertidumbre del usuario
El mayor impacto se sentiría en los bolsillos. Con menos competencia, las tarifas podrían volver a niveles de hace una década, cuando un plan mensual costaba cerca del 10 % del salario mínimo. En un país donde el ingreso promedio ronda los dos millones de pesos, pagar más de 150.000 por conectarse no sería sostenible.
Los expertos advierten que una concentración así limitaría la innovación, ralentizaría la expansión de redes y reduciría los incentivos para mejorar la calidad del servicio. “Colombia ya está entre los países más concentrados de la región y, aun así, la regulación ha sido débil”, explicó Germán Bacca, excomisionado de la CRC, quien considera que la falta de decisiones oportunas permitió que el mercado llegara a este punto.
De concretarse la fusión, el nuevo operador se quedaría con cerca del 38 % de participación, frente al 55 % de Claro. WOM tendría apenas un 7 %, un margen insuficiente para generar competencia efectiva. Para el Fondo Único TIC, que depende de los aportes y las subastas de los operadores, esto también significaría menos ingresos para financiar la conectividad rural.
Mientras tanto, los colombianos seguirían enfrentando la paradoja de un país con alta penetración de smartphones pero con una pobreza digital del 22 %, según el Internet Poverty Index. En muchas zonas rurales, la señal apenas alcanza para llamadas en 2G, y los programas de inclusión digital no logran compensar la falta de cobertura privada.
Tres caminos posibles y una decisión política
La SIC evalúa tres salidas: aprobar la fusión, negarla o permitirla con condiciones estrictas. Esta última opción, según varios analistas, podría equilibrar los intereses de las empresas y la protección del usuario. Imponer límites de participación de mercado, garantizar la inversión en zonas rurales o exigir precios justos serían algunas medidas para evitar abusos.
El tema ha escalado al terreno político. El presidente Gustavo Petro fue claro al afirmar en su cuenta de X que “la Constitución ordena competencia, comunidades y Estado. La SIC tiene la indicación de atacar toda formación monopólica y de carteles en el mundo empresarial colombiano”. Su mensaje dejó entrever que el Gobierno no está dispuesto a avalar una concentración sin control.
Sin embargo, la Superintendencia no ha emitido un pronunciamiento definitivo. Fuentes cercanas indican que se revisan las implicaciones de la integración sobre la competencia, los precios y la cobertura. Lo cierto es que su veredicto marcará un precedente para el sector y para la confianza de los usuarios en la capacidad del Estado de protegerlos.
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A menos de un mes del plazo, la tensión crece. Lo que decida la SIC definirá si Colombia apuesta por un mercado plural, con más opciones y mejores tarifas, o si se resigna a un escenario de dos operadores poderosos donde la competencia real desaparece.
En un país donde la principal barrera para conectarse es el costo del servicio, el desenlace de esta historia no solo medirá la solidez del sistema regulatorio. También pondrá a prueba si la promesa de una conectividad justa, universal y asequible sigue siendo posible o se convertirá en otro privilegio reservado para quienes puedan pagarlo.




3 comentarios en «¿Qué pasará con los usuarios si Tigo y Movistar se fusionan?»